La libertad económica es un derecho que tienen todas las personas para dedicarse libremente a la actividad de su preferencia, este derecho se encuentra consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que las acciones de regulación y ajuste de precios a las cuales han sido sometidas las diferentes industrias en el país son una clara muestra de la violación a los derechos de la propiedad privada, el libre emprendimiento y la actividad económica productiva.

El pasado viernes 23 de abril, Conindustrias en un comunicado anunció que uno de sus afiliados, Alimentos Polar, fue interceptado por funcionarios de la Superintendencia Nacional para la Defensa para los Derechos Socioeconómicos (Sundde), además de la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (Sunagro) y el Servicio Autónomo Nacional de Normalización Calidad Metrología y Reglamentos Técnicos (Sencamer), cuando la empresa privada lo único que ha hecho es dedicarse de forma exclusiva y responsable a la elaboración de productos alimenticios para los venezolanos. 

Raúl Gil asesor de Fedecámaras Bolívar, explica que las medidas tomadas por el Gobierno tienen como consecuencias inmediatas el desabastecimiento de productos, incremento de la inflación y economía informal.

Por su parte, La  Cámara  Venezolana  de  la  Industria  de Alimentos (CAVIDEA) también hizo un llamado al cese de medidas que dificultan la labor de las empresas venezolanas, «para que la cadena productiva siga funcionando, es imperativo que las empresas puedan operar, en el marco de la ley, sin temor a intervenciones, y sin controles de precio y distribución, que ponen en riesgo su capacidad para producir, vender y recibir el flujo de caja necesario para la reposición de las materias primas e insumos».

La dificultad que han presentado diferentes compañías que facilitan el proceso de producción para los sectores prioritarios se ven cuesta arriba debido a las medidas expuestas por el Ejecutivo Nacional, el cual no los ha tomado en cuenta, ni ha tomado en consideración las posibles alternativas propuestas por estas mismas para seguir funcionando. La salud económica del país se encuentra en una curva de disminución, señala José Ángel Bruzual, presidente de Camindustrias Bolívar.

El sector industrial que presta el servicio a determinadas empresas afiliadas a la cadena alimenticia, o de servicio público, no se consideran priorizadas, y al estar aisladas de este grupo selecto pasan a estar completamente cerradas. Bruzual informa que el 12% de las empresas afiliadas a Camindustrias están trabajando a capacidad limitada con todas las medidas que se han declarado hasta ahora.

“Se están exponiendo a ser sancionadas por pertenecer al sector industrial y están fuera del suministro del combustible, aunque forman parte de la cadena de producción y suministro, están fuera del rubro prioritario rompiendo así con la cadena”, asegura. 

El sector industrial se encuentra cuesta arriba

El no poder cumplir con las jornadas laborales regulares y la compra-venta de producción habitual, ha hecho que el pago normal a todos los trabajadores de sueldo y bonificaciones empeore; lo que perjudica a los trabajadores porque no saben de qué van comer o vivir, además de no tener ningún tipo de incentivo para seguir trabajando cuando no se pueden cumplir las condiciones establecidas en sus contratos.

Bruzual enfatiza en hacer una flexibilización de los diferentes decretos, en los cuales se pueda cumplir con las medidas de seguridad laboral para resguardar la salud de los trabajadores siguiendo las indicaciones de la OMS, permitiendo así operar y aumentar la capacidad de producción; de no ser así el daño a largo plazo será mayor.

El precio de bienes y servicios también sufre un efecto colateral, ya que estos vienen de una estructura de costos que estudia los materiales, equipos, herramientas, mano de obra, entre otras aristas que fijan el precio final, apunta Bruzual. Estos precios se revisan acorde a los estándares de producción aceptados, pero con un país que tiene una hiperinflación desde 2 años aproximadamente, es imposible mantener un precio en bolívares o dólares porque la tasa varía todos los días.

Al ajustar el precio de 27 productos de la canasta básica se crea un problema para los empresarios en sus inventarios porque varios establecimientos cuentan con algunos de los artículos que están incluidos en la lista de precios ajustada y el costo de adquisición de los mismos está por encima del costo al público; lo que por consecuencia trae pérdida para los empresarios, afirma el asesor Gil.

Asimismo, Gil recomienda establecer una economía de oferta – demanda, donde exista mayor producción e incentivo a la producción nacional, donde se den exoneraciones para importación de materia prima e insumos para que se produzcan en el país y cuando estas empresas puedan ofertar los diferentes artículos en el mercado los precios puedan bajar; así la economía informal disminuye y las empresas pueden recuperarse.

Se debe retomar el sendero de crecimiento para evitar el cierre de más empresas en el país, hay que seguir generando fuentes de trabajo decente y seguro para la población; por esta contingencia que se presenta, Bruzual deja un mensaje de alimento para el sector industrial:

“El sector industrial debe tener esperanza, tienen un desafío muy grande además de la pandemia que tiene bastante peso y la situación económica crítica; creemos en los industriales empresarios, que serán capaces de ser resilientes y salir fortalecidos de esta situación. El mundo va a cambiar y existirán oportunidades a través de los acuerdos políticos necesarios, esto nos permitirá enrumbar al país para las oportunidades que actualmente no hay; debemos reinventarnos para ser el sector industrial que solía existir, un trabajo que permita el beneficio colectivo y beneficios para la nación”.

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