El Decreto N° 4.419 es una orden en la que se exponen medidas excepcionales por un tiempo limitado para poder asegurar la vida de los ciudadanos(as) de Venezuela frente a una crisis económica existente, con el fin de restablecer exitosamente los niveles y lograr el equilibrio de la economía nacional.

Las medidas que se encuentran a lo largo de este decreto son las mismas que se han implementado desde el 14 de enero de 2016, cuando se dictó por primera vez Estado de Emergencia Económica en la República Bolivariana de Venezuela.

En 2016, el Estado adoptó la necesidad de acatar medidas emergentes para hacer frente a una “guerra económica” que atenta contra la sostenibilidad económica del país, empobreciendo así a la población venezolana al extremo de llegar a un desabastecimiento y alteración de la estructura funcional de los sectores productivos del país.

Desde 2016 hasta el 2020 el Gobierno Nacional viene prorrogando el Estado de Excepción y Emergencia Económica contabilizando así 26 prórrogas en su totalidad.

De  acuerdo a la  Gaceta  Oficial Extraordinaria N° 6.534, Decreto  N°4.194, se  renovó por  60 días, una  vez  más de  manera inconstitucional, sin la aprobación de la Asamblea Nacional,  el  Estado   de  Excepción y  de  Emergencia Económica, en el  territorio nacional indica Raúl Gil, asesor de Fedecámaras Bolívar.

Se debe tener en cuenta que este decreto puede extenderse hasta 60 días más siguiendo lo establecido en el Art. 338 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), siempre y cuando sea autorizado por la Asamblea Nacional; pero este órgano ha sido omitido desde hace un tiempo por el Poder Ejecutivo Nacional. 

Qué dicta este decreto

El Ejecutivo Nacional (gobierno) adoptó medidas urgentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población sus derechos, preservar el orden interno y el acceso pertinente a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida.

En el  decreto mencionado anteriormente se establecen medidas para:

  • Reajustar la Unidad Tributaria con base a los análisis técnicos hechos por la Administración Tributaria. 
  • Definir sistemas de  exoneración de impuestos y tasas a la importación de  bienes de  capital, como a su vez materia prima necesarias para  la  producción y servicios de la  industria nacional.
  • Implementación de medidas especiales de incentivo a los sectores productivo, industrial, comercial y de servicios que promuevan la inversión privada de empresarios nacionales, con divisas propias, en el reimpulso de la economía del país.
  • Aprobar y suscribir contratos de interés público para la  obtención de recursos  financieros, sin sometimiento a autorizaciones o aprobaciones de otros Poderes Públicos
  • La  activación del  funcionamiento de un sistema de determinación de Costos y Precios Justos.

Las mismas medidas, la misma coyuntura económica 

“Venezuela acarrea 29 meses en hiperinflación, 25 trimestres de  depresión económica y una  dolarización implícita. De  acuerdo al FMI en Venezuela la  caída del Producto Interno Bruto (PIB) desde el 2013 hasta 2019 asciende al -70%. Es  de  recordar  la Reconversión Monetaria tenía como objetivo disminuir la INFLACIÓN y recuperar el poder adquisitivo, teniendo como resultado que tenemos una inflación acumulada desde agosto 2018 hasta marzo 2020 de 713.448%” señala el asesor Gil.

Estas políticas se vienen aplicando desde hace 4 años atrás, lo que ha demostrado el declive de la economía como lo es la hiperinflación más alta del mundo; el asesor Gil explica que “de  acuerdo a  cifras  oficiales publicadas por el Banco Central de Venezuela en el año 2019 fue de 9.585,50 % y que en el primer trimestre del año 2020 asciende al 124 %, donde ha sufrido una devaluación oficial de nuestra moneda”.

El sistema de determinación de costos y precios justos es uno de lo más perjudiciales para el sector privado, ya que al establecer los precios de esa forma, i.e., sin considerar ciertas particularidades o realidades, causaría pérdidas al comerciante, puesto que, existen erogaciones al margen de los costos y gastos deducibles, como lo son gastos de seguridad privada, combustible y el costo más pavoroso de la economía como lo es el de la inflación entre otros, explica Julio Díaz, consultor y abogado tributario.

El ajuste de precios no solo afecta el flujo de caja del negocio que se ve reflejado en las pérdidas, sino que limita la producción económica del empresario y lleva al desabastecimiento de determinados productos. 

Por su parte, Díaz añade también que el estado de excepción no suspende la Constitución ni el Estado de Derecho, por lo cual no se justifica la vulneración de los derechos humanos. Los decreto ley -como este- son la evidencia de la concentración de poderes y la figura conocida como paleopositivismo jurídico, que como afirma Hassemer no se cumplen las exigencias formales del Estado Constitucional, ni los principios de división de poderes y reserva de la ley orgánica.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here