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Destrucción del libre mercado en Venezuela, ¿una realidad?

El sistema liberal de control de precios en los bienes del país ha caído por la incapacidad de cubrir las necesidades de la población.

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El libre mercado es el sistema a través del cual el precio de bienes es acordado entre los vendedores y compradores, mediantes las leyes de oferta y demanda; esto se entiende como la posibilidad que tiene el mercado de cubrir las necesidades de la población que no reciben un beneficio económico directo. 

Venezuela ocupó el puesto último puesto de 162 países en el Índice Mundial de Libertad Económica (EFW) este 2020 según el último informe obtenido a través del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad); este índice evalúa 5 componentes relaciones a la libertad económica como lo son: tamaño del gobierno, sistema legal y derechos de propiedad, existencia de una moneda sana, libertad de comercio internacional, regulaciones crediticias, laborales y de negocios.

De todos estos aspectos, la peor ponderación que recibió el país es el apartado de “moneda sana”, con un puntaje de 0,69/10, sin embargo, en el aparto de comercio internacional el país obtuvo un alto puntaje de 6/10. En los 5 componentes que se base el EFW, Venezuela según el documento se encuentra:

  • Tamaño de gobierno: 4,31/10,00
  • Sistema legal (independencia del Poder Judicial) y derechos de propiedad: 2,76/10,00
  • Moneda sana: 0,69/10,00
  • Libertad de comercio internacional: 6,42/10,00
  • Regulación crediticia, laboral y de actividad empresarial: 2,52/10,00

En este sentido, el Índice Mundial de Libertad Económica 2020 se centró en la relación entre libertad económica y tolerancia, en donde esta última permite que las personas progresen en la vida social y económica en función de sus méritos y no sobre la base de características determinadas que están relacionadas con sus cualidades.

¿Qué ocurre con el libre mercado en Venezuela?

Para el economista Manzour Mezzoni Figuera, señala que entendiendo el significa de libre mercado en el país se requiere para que funcione este sistema, la existencia de la libre competencia, lo que a su vez requiere que entre los participantes de una transacción comercial no haya coerción, ni fraude, es decir, que todas las transacciones sean voluntarias.

Por lo que debe existir una división del trabajo, la propiedad privada y la producción, que por consiguiente de paso al mercado para el intercambio de bienes y servicios. “Se supone que el funcionamiento del mercado no es impedido por factores institucionales, y se supone que el gobierno, el aparato social de compulsión y coerción, intenta o se interesa en la preservación de la operación del sistema de mercado, por lo que se abstiene de obstaculizar su funcionamiento, y lo protege contra infracciones por terceros” afirma Mezzoni. 

De esta manera, el mercado es libre y no hay interferencia de factores ajenos al mercado como: precios, tasas de salarios y tasas de interés, de estos supuestos de la economía se trata de dilucidar el funcionamiento de una economía de mercado puro y, solo en una fase posterior, después de agotar todo lo que se puede aprender desde el estudio de esta construcción imaginaria, se gira al estudio de los diversos problemas planteados por la interferencia con el mercado por parte de los gobiernos y otros agentes, explica el economista.

Después de esa reflexión por de Mezzoni Figuera, él mismo deduce que en Venezuela no existe Libre Mercado, sino existe apertura económica para el funcionamiento de empresas y comercios, que ejercen estas actividades con muchas restricciones e incertidumbres, pero con mucha tenacidad y valentía.

¿Qué ocurre con la demanda del libre mercado y la producción en el país?

El Estado como planificador de políticas económicas y financieras, crea políticas de índole social, que obstruyen el funcionamiento de la libre empresa, como lo son las leyes, los decretos, las regulaciones, las normativas de seguridad laboral, entre otros; estas medidas dificultan el desenvolvimiento del libre mercado en el país, y un claro ejemplo para el economista es la ley de precios justos,  la suspensión del pago de alquileres, entre otros que se dictaron en el Estado de Alarma con la llegada de la Covid-19.

En Venezuela la gobernanza “iliberal” se fundamenta en la asfixia regulatoria la cual afecta el buen desempeño de la economía, por lo que las personas y las empresas se debilitan debido a las medidas y regulaciones que son ineficientes para su productividad. En este sentido, Mezzoni aclara que “quizás una de los argumentos que más se usan para justificar la acción del Estado en nuestras vidas es la imposibilidad del mercado para cubrir las necesidades de la gente en aspectos que no se perciben como un beneficio económico directo”. 

El rol que juega el Estado es de suma importancia en la actividad del sistema libre, ya que al impedir la producción comercial, industrial y humana, el aparato productivo del país se comienza a destruir, lo que se lleva consigo el cierre de empresas, PyMes, tierras para la producción agrícola, entre otras aristas que caen en un estado de abandono.

Otro ejemplo que da a conocer el economista Manzour Mezzoni es donde el Estado desacelera y destruye la iniciativa individual del sistema de salud pública, debido a que todos los venezolanos han padecido o conocen a alguien que ha sufrido la ineficacia de un sistema sobrepasado, donde la demora en realizar pruebas esenciales puede llegar a convertirse en tragedia, donde trucos administrativos se transforman interminables listas de espera. 

Es así como el Estado crea un sistema ineficiente que retiene recursos financieros que pueden ayudar a crear una multitud de empresas que satisfagan las necesidades de los ciudadanos, de forma que sean estos los que decidan qué relación calidad-precio quieren pagar para proteger su salud y la de sus familiares.

¿Cómo la destrucción de esta actividad, afecta la economía venezolana?

Al obstaculizar la actividad del sistema de libre control, la economía se ve afectada en hiperinflación acumulada en 1.079,67%, según cifras obtenidas de la Asamblea Nacional la variación constante en los precios al consumidor, la escasez de alimentos y medicinas, la disminución de poder adquisitivos de los venezolanos, así como el cierre de comercios y empresas, desempleo, inseguridad, entre otros.

La destrucción del libre mercado afecta al sector comercial, empresarial e industrial directamente por el cierre y suspensión de actividades productivas, debido a la disminución del flujo de caja, la falta de inventarios, la dificultad para cumplir con sus obligaciones salariales, con sus pagos financieros y de impuestos, como también el impedimento de adquirir incentivos financieros o el dinamismo tecnológico que se requiere actualmente, concluye el economista Manzour Mezzoni. 

El Estado tiene la obligación de cubrir las necesidades de la población como ente responsable, soberano e independiente, en este sentido, los sistemas públicos deben ser eficientes y no pueden desaparecer porque ello suponen un fracaso por parte del poder. 

Por esto el Estado debe crear nuevos aparatos burocráticos en forma de organismos públicos o comisiones que gasten sus recursos en negocios y servicios que se adecuen más a las verdaderas necesidades de la sociedad venezolana, satisfaciendo a la población y brindándoles las oportunidades que necesitan para desarrollar su actividad económica y productiva.

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