El viernes 13 de marzo del año en curso, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela declaró oficialmente al país en Estado de Alarma, bajo el Decreto Nro. 4.160, que tiene consecuencias en el sector público y privado de toda la nación.

Debido a la presencia del Coronavirus en Venezuela, el Estado decidió tomar como medida preventiva el aislamiento social, y la suspensión de actividades del sector comercial e industrial, así como el de formación académica, profesional y laboral, de acuerdo a los lineamientos del Ministerio del Poder Popular para la Salud y del Ejecutivo Nacional, que pretenden establecer estas medidas urgentes y necesarias para la protección de la población venezolana.

Frente a esta situación excepcional, Fedecámaras Bolívar, en nombre de las instituciones gremiales empresariales del estado, ha solicitado la prorroga y flexibilización para el plazo de cumplimiento de las obligaciones tributarias, en concordancia con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) en sus artículos 316 y 317 respectivamente, de acuerdo a los Principios Constitucionales en el ámbito tributario de  Capacidad Contributiva y Justicia Tributaria. En estos se impone el oportuno pago de sus obligaciones, pero también implica reciprocidad de la Administración Tributaria.

Afectados por el Estado de Alarma

Tanto el sector público como privado se ven afectados por el Decreto Nro. 4.160. En este, se obliga a todos los establecimientos comerciales e industriales que no son prioritarios, a cerrar, ya pueden presentar aglomeración de personas en su interior, y el contacto interpersonal entre ellos promovería la propagación del virus.

Sin embargo, el artículo número 13 aclara que los establecimientos dedicados a la venta de comidas y bebidas pueden permanecer abiertos, prestando servicios exclusivamente a domicilio o pedidos para llevar, mas no podrán prestar servicio de consumo servido al público en el lugar, ni celebrar espectáculos de ningún tipo.

Además, se suspende el canon de arrendamiento, lo que como consecuencia tiene a muchos propietarios e inquilinos confundidos con el pago de alquiler que han aceptado en su respectivo contrato privado de local o vivienda.

Para leer todas las medidas expuestas por Nicolás Maduro diríjase al siguiente link: https://pandectasdigital.blogspot.com/2020/03/decreto-n-4160-mediante-el-cual-se_17.html

Efectos colaterales

Estas medidas afectan la libertad de tránsito, comercio y trabajo de la sociedad venezolana, aunque el Estado de Alarma tiene una vigencia de 30 días es posible que pueda prolongarse 30 días más.  

Toda medida temporal puesta en práctica ha traído consigo consecuencias para los afectados por estas restricciones. Raúl Gil, Consultor Empresarial y Contador Público, asegura que el Estado de Alarma se traduce en:

  • Disminución a su mínima expresión del flujo de caja de los contribuyentes.
  • Dificultad para el cumplimiento de actividades y obligaciones tributarias a nivel nacional, regional, local y municipal.
  • Restricción para el cumplimiento de jornadas laborales.

En este escenario las empresas comerciales, prestadoras de servicios industriales se encuentran incapacitadas de pagar sus deberes tributarios por numerosas razones, que Gil explica en los siguientes enunciados:

  •  No se pueden realizar gestión de documentos o soportes contables de las empresas, ya que, las oficinas y establecimientos encargados de ello están cerrados temporalmente.
  • Los equipos para programación administrativa, contable y fiscal se encuentran en las oficinas administrativas que están cerradas.
  • La plataforma web del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) presenta varias caídas al día desde el pasado mes de noviembre de 2019.
  • Las agencias bancarias públicas y privadas que pueden elaborar cheques de gerencia se encuentran cerradas.

El sector productivo del país se encuentra parado y sin el apoyo de un plan de emergencia que pueda promover una negociación tributaria de las obligaciones tributarias que tiene cada negocio, que permita que los perjudicados no se encuentren tan afectados por las medidas expresas en el Decreto nro. 4.160.

“El Gobierno Nacional debe implementar medidas que ayuden a las empresas a sobrevivir para afrontar en el  presente y después que termine esta pandemia, la  situación económica de cada una de ellas” concluye Gil.

Por otra parte, Cora Farías, abogada especialista en materia inquilinaria, afirma que la suspensión del pago de alquiler de un local comercial o  una vivienda es una medida temporal de 5 meses con 8 días. El pago no está exonerado, solo existe una suspensión debido a una fuerza mayor Covid-19 que imposibilita ver un escenario certero a futuro.

Sin embargo, los establecimientos como farmacias, mercados, bodegones, entre otros que están recibiendo una entrada de dinero debido a esta pandemia deberán seguir pagando su canon de arrendamiento, ya que, siguen generando ingresos para sus negocios.

Sin embargo los inquilinos de vivienda no están en la obligación de hacerlo durante el tiempo establecido de la suspensión, aun cuando el inquilino dañe o haga modificaciones en las instalaciones de la vivienda no debe pagar algo adicional por estas acciones. Después de que cese la suspensión del canon de arrendamiento el propietario puede dirigirse al individuo directamente para solventar la situación, y de no ser así, puede buscar un abogado que encuentre soluciones inmediatas para su propiedad según lo establecido en el contrato privado de ambas partes. Dicho contrato debe estar notariado y sellado.

Posibles acuerdos favorecedoras para los afectados

Alexander Ayala, Presidente de la Cámara Inmobiliaria del estado Bolívar hace un llamado a los propietarios e inquilinos para llegar a un consenso en el que ambas partes se vean beneficiadas.

Cora Farías recomienda que entre propietario e inquilino lleguen a un acuerdo en el que durante la suspensión del canon de arrendamiento, el inquilino pagué la mitad de su alquiler y cuando cesen los 5 meses con 8 días se logré un acuerdo para que el restante sea distribuido en los pagos futuros, esto con la intención de que el propietario no se vea tan perjudicado en sus ingresos y sus instalaciones permanezcan en buenas condiciones.

Por su parte, Raúl Gil considera que suspender el régimen de anticipos de ISLR e IVA, así como el de cobro del Impuesto a las Transacciones Financieras aliviaría las obligaciones tributarias las empresas de servicio comercial e industrial, aunado al adecuar el cobro de impuestos municipales para un período de 3 meses.

Edición: Camila González, @Camilagon.

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