En las dos entregas anteriores hicimos referencia al carácter nocivo que se le atribuye a la explotación y comercialización del petróleo venezolano; al extremo de llegar a identificar esas actividades como si fueran inmundicia del diablo. 

Una leyenda negra se apareja con otra dorada y se fustiga al petróleo imputándole las “culpas” de su incidencia en la economía venezolana, en descargo –quizás no intencional- de las responsabilidades comprometidas por quienes han sido los administradores del negocio petrolero. El bono PDVSA 2020 es una experiencia actual de las vicisitudes.

Con esta entrega presentamos una apretada síntesis del caso; a la luz de criterios sostenidos por expertos y que configuran posiciones contrapuestas en el debate público.

1.- Son varias las entidades involucradas en la problemática derivada del bono PDVSA 2020. Entre estas destacan: el gobierno de Maduro, la Asamblea Nacional, los acreedores, Citgo, las Cortes de EEUU, el gobierno de Trump (con inclusión del Departamento del Tesoro, la OFAC y la Orden Ejecutiva GL5).

2.- El meollo de la situación se reduce a cómo y cuándo pagar la deuda, y en ese orden han surgido posiciones contrapuestas: una que auspicia la vía de la negociación con los acreedores y otra que plantea la  nulidad de la deuda, en razón de la omisión del artículo 150 de la Constitución Nacional

3.- Ninguna de las dos posiciones niega de manera inflexible la posibilidad de la negociación y en la práctica las conversaciones un tanto informales se han cumplido en varias ocasiones.

4.- La situación se ha complicado porque evidentemente hay un vacío de interpretación de los fundamentos legales en los cuales se enmarca la discusión. Por un lado, se argumenta que PDVSA no está obligada a solicitar permiso de la AN para contraer una deuda con base a lo estipulado en el artículo 101 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. En refuerzo, se dice que PVDSA nunca ha solicitado autorización del poder legislativo para sus operaciones de crédito; esta es la primera vez. A esto se agrega la carencia de precisión legal  respecto a lo que debe entenderse como “servicio público”; un concepto indicado en el artículo 150 de la CN.

5.- Otra actuación que ha complicado el ambiente, es la decisión de la AN de no declarar de manera precisa y en el momento oportuno la nulidad de la deuda con base en el artículo 150; más aún cuando, posteriormente, dispuso adelantar por cuenta propia un pago a los acreedores por más de 71 millones de dólares. Lo anterior, es una contradicción evidente, en tanto que el anticipo de pago se ha entendido como un reconocimiento o convalidación de la acreencia. 

6.- En este disonante ambiente, la Corte de Distrito de Nueva York dictaminó el fallo en contra de la demanda interpuesta por la Asamblea Nacional y autorizó al fideicomisario MUFG Union Bank a tomar las medidas necesarias para ejecutar la garantía. La deuda es válida y exigible, dice la Corte.

7.- No obstante la decisión judicial, Citgo sigue protegida ya que existe una Orden Ejecutiva (GL5) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos; que impide la ejecución de cualquier acreencia por parte de los tenedores del Bono Pdvsa 2020. Esta orden tiene vigencia hasta el 19 de enero de 2021 

8.- Mientras tanto, PDVSA ha decidido apelar la decisión de la Corte de Nueva York, mediante la cual se declara la validez y exigibilidad de la deuda.

Así ocurre una experiencia más de cómo se ha administrado el petróleo como principal recurso financiero de Venezuela, esta vez con una alta complejidad por la combinación de lo político, lo jurídico y lo económico, sin una estrategia coherente y en un contexto donde los cinco poderes de la Nación funcionan por duplicado y con carencia de legitimidad. 

 El próximo enero habrá decisiones importantes bajo una incertidumbre sin precedentes en casos similares. Por  ahora, lo cierto es que Citgo está en riesgo de perderse sin que se sepa que obra o servicio público se construyó con el dinero recibido.  

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