Son muchas las opiniones emitidas hasta ahora respecto a la Ley Antibloqueo y es de esperar muchas más en el devenir de los próximos meses. La gran mayoría coincide en el rechazo contundente de la norma, más concretamente en su carácter inconstitucional y monstruosidad jurídica.

Una de las versiones críticas gira alrededor de los poderes extraordinarios que la supuesta ley concede a Maduro y la otra versión de mayor difusión se contrae en el uso de esos poderes para favorecer a la élite gubernamental, en un vulgar reparto de activos económicos vía concesiones y reprivatización de empresas incautadas por el gobierno durante las dos últimas décadas.

Esas dos versiones tienen una alta credibilidad y hasta se observan irrefutables en sus fundamentos, sin que hasta ahora el gobierno se haya preocupado por la refutación, mientras disimula la evasiva con la  acostumbrada fraseología contra las sanciones. De modo que el terreno está abonado para que la Ley Antibloqueo tenga cada vez más rechazo e incredulidad.

Opiniones sobre la ley

En su columna de ayer miércoles, el analista político Carlos Blanco afirma que Maduro no necesita esa ley para hacer lo que dicen respecto a sus poderes extraordinarios.

“Si ya hace lo que le sale de su torcida alma, para qué necesita esa ley, cuando en la práctica el régimen hace y deshace sin ninguna consideración sobre la Constitución y las leyes; para qué esa ley”, enfatiza el analista. Esta versión tiene también un gran asidero de credibilidad. 

Otra percepción deducible de la Ley es la referente al posible cambio de la actual Asamblea Nacional por una de absoluta afinidad con el gobierno, en lo cual también es aplicable la opinión  de Carlos Blanco; en tanto que Maduro hace y deshace lo que quiera, sin importarle la legitimidad de la AN.

En mi opinión, a Maduro no le pesa ni le preocupa lo que haga la oposición parlamentaria; su preocupación mayor radica en las sanciones ordenadas por el gobierno de Trump. El solo bloqueo del transporte de combustibles en aguas oceánicas por parte de Washington le preocupa más que los discursos y arengas pronunciadas desde la AN. 

Maduro demuestra fortaleza para neutralizar cualquiera acción de la oposición  organizada, pero es visiblemente débil ante las sanciones ordenadas por Trump.

Sabe que a la oposición parlamentaria la puede entretener con su política de diálogo, pero su ansiedad y exhortaciones para conversar con el presidente de Estados Unidos le causan frustración; en contraste con los alardes de éxito que celebra cada vez que utiliza su trampa dialogante para incautar a los diputados de oposición.

Maduro sabe muy bien que su problema de contrapeso es más externo que interno; no tan solo por las sanciones estadounidenses, sino por el rechazo sostenido de la Unión Europea, la OEA, el Grupo de Lima y más de medio centenar de gobiernos, parlamentos y organismos internacionales en contra del gobierno ilegítimo que oprime a los venezolanos.

Esas son las actuaciones que más preocupan a Maduro y de allí surge la afanosa búsqueda de mecanismos institucionales que le permitan abrir canales para reducir el contrapeso.

La ley antibloqueo como recurso estratégico

En esa búsqueda, la Ley Antibloqueo es el nuevo recurso estratégico que puede facilitarle a Maduro el manejo del ajedrez político a nivel internacional para reducir los efectos de las sanciones.

No es cuestión de que uno lo intuya así; lo expresa la propia Ley en su declaratoria de objetivos y lo dijo enfáticamente Maduro cuando presentó  la propuesta legal ante la ANC.

De modo que no puede haber dudas en relación a que buena parte de la estrategia de la Ley Antibloqueo está dirigida hacia el contexto internacional, particularmente en lo atinente a la revisión de las sanciones.

En ese contexto los intereses en juego son disímiles y tienen más carácter pragmático que ideológico. La influencia que puede ejercer el sector empresarial afectado de una forma u otra por las políticas de Chávez y Maduro, no es descartable.

Los activos de la economía privada incautados por el gobierno venezolano durante las dos últimas décadas, más el potencial existente en el país para nuevas inversiones no son conchas de ajo; amén de los intereses en juego de bonistas y acreedores y los no menos poderosos de los sectores de hidrocarburos y minas. El gobierno venezolano sabe que el sector empresarial es un factor de poder sensible ante estrategias de esta naturaleza, y a eso juega.

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