Las previsiones para la transición integral en Venezuela es tema de inaplazable necesidad y hasta ahora casi inédito, salvo calificadas consideraciones de orden particular.

El Instituto para las Transiciones Integradas (ITI) ha tomado la iniciativa de compilar en un libro los seis capítulos de mayor relevancia en el posible proceso de cambio.

Los capítulos contenidos en el libro “Elementos de una Transición Integral e Incluyente en Venezuela” (531 páginas) fueron elaborados por reconocidos autores y analistas venezolanos y está publicado en versión digital.

El siguiente es un resumen respecto al capítulo “Sector Privado”, cuya autoría corresponde a Claudia Curiel Léindez en una extensión de 70 páginas.

He preparado un resumen, para facilitar y exhortar la lectura integral del libro.

Falta de condiciones institucionales

Venezuela no presenta condiciones institucionales para poder obtener resultados de corto plazo de correcciones macroeconómicas. Entre otras cosas porque la credibilidad en los decisores de política económica no tiene confianza suficiente para alinear expectativas. Y en segundo lugar porque los mecanismos de transmisión de las políticas macroeconómicas se encuentran desmantelados.

El sector público en Venezuela ha crecido de forma exacerbada; ya sea por razones de diseño de modelo político como por desempeño y economía política del esquema de dominación que ha planteado el llamado Socialismo del Siglo XXI y porque, además, el esquema de controles y represión al que ha sido sometido el sector privado ha cobrado tales niveles, que el carácter privado y autónomo de su discurrir está seriamente menguado.

El tema en debate es que Venezuela no presenta condiciones institucionales para poder obtener resultados de corto plazo de correcciones macroeconómicas.

Las leyes habilitantes

La recuperación de las capacidades productivas del país implica revisar y adaptarse a un nuevo modelo de desarrollo con estándares de nivel internacional. En ese orden, es inexcusable valorar el conjunto de leyes habilitantes que fueron conferidas a Chávez y luego a Maduro.

En enero 2016 se promulgó el decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica y desde entonces se han producido once declaratorias y once prórrogas. Además de las leyes y normas promulgadas por la ANC.

Cuando Chávez asumió su primer período de gobierno prometió reducir el tamaño del Estado e inició su cumplimiento reduciendo de 21 a 13 los ministerios. Actualmente, el Ejecutivo cuenta con treinta y cuatro ministerios.

El tamaño de la nómina también ha aumentado; pasó de 1.345.674 personas en 2002 a 3.355.155 para el cierre de 2018, de acuerdo con data del Instituto Nacional de Estadísticas.

Un elemento adicional es el número de órganos sin fines empresariales (novecientos sesenta y nueve) y de entes con fines empresariales (mil ciento once).

El efecto de las expropiaciones

Una parte de ese universo se desprende de los numerosos procesos de estatización, expropiación o de ocupación ejecutados desde 2004. El número de ministerios se elevó en forma progresiva de dieciséis en 1999, a veintiocho en 2012, y a treinta y dos en el 2017.

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El número de empresas adscritas a la administración central pasó de noventa y dos empresas en 1999 a novecientas noventa a principios del 2018. Más de doscientas fueron adquiridas mediante procesos de expropiación y toma de empresas. Para desplazar al sector privado se crearon empresas socialistas de propiedad social y empresas mixtas.

Hay cada vez menos espacio para que opere el mercado. Desde 2003 se puso en práctica el proceso de controles del mercado, comenzando con los precios y poco tiempo después con las divisas. Adicionalmente se ha creado una estructura de fiscalización para las empresas privadas.

Otro elemento es la apropiación de bienes y servicios de las empresas privadas por parte del Estado; según lo establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Precios Justo del 2014.

“Las cifras que publica el Banco Central de Venezuela señalan que el sector privado aportaba 48% del PIB real, para el cierre de 2017, en 1999, ese aporte ascendió a 59%.

La última medición en cuanto al número de empresas y las actividades económicas en manos de actores privados se procesó en el Censo Económico 2008 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), de acuerdo a este, en Venezuela existían para ese momento 439.985 unidades económicas, frente a 31.937 públicas. De ese total, 55% de las entidades privadas se encontraban en el sector comercio, 25% en servicios y 6 % en el sector industrial”.

Generación de empleos

«En relación con la ocupación, para 1999 el sector privado empleaba el 85% de los ocupados, siendo que la categoría de empleados y obreros representaba 51% del total privado (43% respecto al total ocupado en general).

Para ese momento, los empleados por cuenta propia representaban el 39% de la ocupación privada y 33% del total general. Esa situación ha cambiado sustancialmente.

Para el cierre de 2017, el sector privado empleó 77% del total, y los trabajadores por cuenta propia superaron a los empleados y obreros; representando cada una de estas categorías 48% y 43%, respectivamente, de la ocupación privada”.

Las expropiaciones han causado, además,  el desaprendizaje en las empresas convertidas, creando niveles alarmantes y consecuencias muy negativas sobre la producción, los trabajadores y el ambiente. Esto se refleja en una brutal caída de los estándares y la calidad de la producción, con fuertes déficits gerenciales por la carencia de formación profesional, capacidad técnica y experiencia industrial.

Un nuevo enfoque: productividad y competitividad

“Si Venezuela no aprende a dejar los dólares del petróleo fuera del esquema de redistribución y cambia su punto de interés hacia la productividad y la competitividad, no podrá minimizar las distorsiones de base monetaria que están presentes en la economía y que se reflejan en la tasa de cambio”. 

“Un país no podría ser productivo si no fuese previamente competitivo, y solo podría crecer más rápido y ser más próspero mientras más competitivo fuese. Para lo cual también se requieren innovaciones”.

“El proceso de industrialización en Venezuela iniciado en la década de los años cincuenta del siglo pasado, a pesar de su incompletitud y distorsiones, dejó huellas que permiten rastrear un sendero al cual apuntar al momento de formular esfuerzos de acciones de política para la recuperación económica”.

“La recuperación de la oferta (producción) y el incremento de la productividad constituyen elementos indispensables para la mejora de los ingresos reales de la población y del empleo. Las políticas institucionales con fines redistributivos tienen poco alcance transformador sin políticas de oferta y sin políticas industriales. Las políticas de oferta y las políticas industriales se complementan, pero son diferentes. La política de oferta atiende a objetivos de corto plazo en los cuales se plantea el levante de la producción. El estímulo sectorial de la política económica apunta, en este caso, a las actividades clasificadas como «arrastre».

En el marco del estado actual de la economía venezolana, es perentorio que las políticas de estímulo a la producción sean acompañadas con la flexibilización de la importación de bienes intermedios. Se espera que la recuperación de la producción nacional permita la sustitución de insumos intermedios importados por nacionales”.

Hasta aquí el resumen.

Pueden leer o descargar el libro en el siguiente enlace.

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