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Las consecuencias jurídicas del Estado de Excepción: el rol del ciudadano ante la pandemia.

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En la actualidad, el COVID‑19 se ha convertido en un reto para los gobiernos, ya que estos buscan proteger a las personas de una enfermedad infecciosa que ha sido declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud por su rápida propagación. Mientras a nivel mundial se ha generado una crisis generalizada en los sistemas de salud públicos y privados, continúan las investigaciones para el desarrollo de una cura, los ciudadanos han cambiado su estilo de vida y los Estados han tomado medidas especiales a través de la figura de los ‘‘Estados de Excepción’’. 

Con respecto a estos, podemos concebirlos según el Diccionario del Español Jurídico de la Real Academia Española como aquel ‘‘estado que declara el Gobierno en el supuesto de perturbación grave del orden y que implica la suspensión de ciertas garantías constitucionales’’.

En el ordenamiento jurídico venezolano, nuestra Carta Magna establece esta figura en su artículo 337 como una facultad especial del poder ejecutivo que solo puede darse bajo las siguientes condiciones: 1) Existencia previa de una circunstancia de orden social, económico, político, natural o ecológico, 2) Esa circunstancia debe tener un alto impacto en la sociedad venezolana, ya que debe afectar gravemente a la Nación, las instituciones y los ciudadanos, 3) Debe ser una restricción temporal, no puede ser permanente en el tiempo porque desvirtuaría su naturaleza excepcional, y, 4) Deben respetarse  los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de Derecho.  

En ese énfasis, de conformidad con el artículo 338 constitucional se establecen diversas modalidades de Estados de Excepción, tales como Estado de Alarma, Estado de Emergencia Económica, y Estado de Conmoción Interior o Conmoción Exterior.

De estas modalidades es pertinente resaltar el Estado de Alarma y el Estado de Emergencia Económica por ser los que están vigentes en Venezuela. El primero surge ante catástrofes, calamidades públicas o cualquier otro acontecimiento de naturaleza similar que, principalmente, pongan en peligro la seguridad de la Nación y ciudadanos. Mientras que, el segundo surge ante circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la Nación.

Pero en el contexto de la Pandemia es pertinente acotar que se ha decretado un Estado de Alarma ‘‘con el fin de adoptar medidas urgentes para la preservación de la salud de la población y de esa manera atenuar los riesgos relacionados con el COVID-19 y sus posibles cepas, garantizando la atención oportuna, eficaz y eficiente de los casos que se originen’’ (Decreto N° 4.198 de fecha 12 de mayo de 2020). 

Así mismo, en el marco del decreto se genera la obligación para las personas naturales y jurídicas de cumplir las disposiciones del Decreto. Por tanto, el uso obligatorio de mascarillas que cubran la boca y nariz, así como la aplicación de protocolos de prevención resulta indispensable para la vida diaria de los ciudadanos.

El decreto establece cuarentena obligatoria en los siguientes casos: 1) Pacientes sospechosos de haber contraído el covid-19, 2) Personas que hayan dado positivo, y, 3) Personas que hayan estado expuestas a pacientes sospechosos o confirmados de covid-19.

Sobre esto la Organización Mundial de la Salud precisa que ‘Ponerse en cuarentena significa separarse de los demás porque ha estado expuesto a alguien con COVID‑19 aunque usted mismo no tenga síntomas. El objetivo de la cuarentena es prevenir la transmisión. Dado que las personas que enferman de COVID‑19 pueden infectar a otros inmediatamente, la cuarentena puede evitar que se produzcan algunas infecciones’’.

Así mismo, aunque no está establecido expresamente la imposición de un aislamiento obligatorio para todas las personas, el decreto establece la posibilidad de aplicar medidas de distanciamiento físico en función de: categorías de actividades, áreas geográficas, y periodos o jornadas de tiempo.

Adicionalmente, el decreto a establecido una serie de medidas especiales que han generado una serie de consecuencias en diversos sectores: laboral, económico, institucional, educativo, salud, justicia, transporte, entre otros. 

Tabla 1. Medidas del Decreto de Estado de Alarma (N° 4.198, 12-05-2020).

SectorMedidas del Decreto
Transporte (Art. 7)Se podrá aplicar restricciones en determinadas áreas o zonas geográficas, incluyendo la entrada y salida de estas. Sin embargo, estas restricciones no pueden impedir el acceso a bienes esenciales como alimentos, medicinas y productos médicos. A su vez, tampoco pueden impedir el traslado a centros asistenciales (clínicas, hospitales, etc.) como el traslado de los profesionales del sector salud;
Tampoco puede impedirse el traslado y desplazamiento de vehículos y personas que, por la naturaleza y condición de su función, debe permitírsele el tránsito. Un ejemplo de esto podemos encontrarlo en el caso de los vehículos y personal de Embajadas, Organizaciones Internaciones y autoridades públicas encargadas de velar por la seguridad ciudadana.
Laboral (Art. 8 y Art. 9)Se podrá aplicar la suspensión de actividades laborales cuyo desempeño no sea posible en la modalidad a distancia. Sin embargo, se exceptúa de la suspensión de actividades laborales aquellas de interés nacional y de gran impacto social (Servicios Públicos, Alimentos, Salud, Telefónica y comunicaciones, entre otros)
Salud (Art. 10)Así mismo, se declara como obligatorio el uso de mascarillas en todo el territorio nacional. Específicamente, en los siguientes sectores: Medios de transporte: Transporte público terrestre, aéreo o marítimo, sistemas metro y sistemas ferroviarios.Terminales: aéreos, terrestres y marítimos.Espacios públicos.Instituciones de Salud.Supermercados. Cualquier sitio que no fuera establecido. 
Educativo (Art. 11)Suspende las actividades escolares y académicas en todo el territorio nacional. Sin embargo, se debe realizar la reprogramación académica correspondiente y la implementación de modalidades de educación a distancia o no presencial.
Económico (Art. 12 y Art. 13)Se suspende la realización de espectáculos públicos, eventos recreativos, conferencias, y actividades que impliquen la aglomeración de personas.
Se anuncia el cierre de establecimientos. En este aspecto, se enfatizan el cierre de cafés, restaurantes, bares, teatros, cines, auditorios, salones, casinos, parques, estadios, entre otros. Se exceptúa de la suspensión aquellas actividades culturales, deportivas y de entretenimiento que no impliquen la aglomeración de las personas.
Se permite el funcionamiento de los establecimientos de comida y bebidas anteriormente mencionados bajo la modalidad de servicio a domicilio o reparto. 
Aeronáutico (Art. 15)El decreto establece la facultad del Ejecutivo nacional de suspender los vuelos hacia territorio venezolano o desde dicho territorio por el tiempo que estime conveniente. Así mismo, dispone que se aplicará el protocolo de recepción de pasajeros en puertos y aeropuertos según los estándares y recomendaciones establecidos por la Organización Mundial de la Salud.
Seguridad Pública (Art. 28)Se autoriza a los organismos de seguridad a realizar inspecciones en establecimientos, personas o vehículos ante la sospecha de violación de las medidas establecidas en el decreto.

Posterior a las medidas, es prudente preguntarnos, ¿Qué restricciones no puede contemplar el decreto de Estado de Alarma? La respuesta constitucional establece que no podrán ser restringidas las garantías correspondientes al derecho a la vida, la prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles.

De esta forma, aunque el decreto plantea la posibilidad de aplicar medidas especiales y extraordinarias, las mismas encuentran su límite en los derechos anteriormente mencionados. Por otro lado, dicha posibilidad también faculta al Ejecutivo Nacional de aplicar total (cuarentena radical) o parcialmente (cuarentena flexibilizada) las medidas. Es por ello que cuando hacemos mención a la flexibilización de la cuarentena nos referimos a la aplicación parcial de las medidas establecidas en el Decreto que, en el marco de un esquema ‘‘7+7’’ (7 días de flexibilización + 7 días de cuarentena radical), busca la flexibilidad económica y laboral.

Por otro lado, también se plantean interrogantes con respecto a la legalidad de la duración del Estado de Alarma ya que la Constitución dispone en su artículo 338 que ‘‘durará hasta treinta días, siendo prorrogable hasta por treinta días más’’. 

Sin embargo, en la práctica podemos observar que el Estado de Alarma establecido en el Decreto N° 4.198 de fecha 12 de mayo del presente año se ha prolongado por un tiempo mayor al previsto en la Constitución, siendo entonces la última prorroga en la que se amplía su duración por 30 días adicionales mediante el Decreto N° 4.230 de fecha 11 de Julio de 2020.

En ese sentido, esta situación nos lleva a la conclusión de que el Decreto de Estado de Alarma continuara prolongándose hasta que se logre confrontar de manera efectiva la pandemia. Para ello, será necesario la implementación de políticas públicas en materia de salud orientadas a la prevención y control de la pandemia con la colaboración de personas naturales y jurídicas. Es por eso que nuestra recomendación principal inicia con informarse sobre el COVID‑19, la adopción de los protocolos de prevención necesarios, y diseñar una planificación que tenga en cuenta la vigencia de las medidas especiales establecidas en el decreto a mediano y largo plazo. De esta forma, asumimos una actitud que nos permite afrontar la pandemia responsablemente. 

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