La Misión Internacional Independiente de la ONU, encargada de investigar las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014, publicó su informe sobre 233 casos indagados en el país, de los que pocas personas conocen y de los cuales no se hablan. 

Los integrantes de este estudio señalan que el Estado venezolano debe hacer justicia y ordenar a las personas responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas a rendir cuentas por estos actos atroces e impedir que se produzcan nuevos. Los expertos, quienes quieren investigar a profundidad la situación no pudieron visitar el país por falta de respuesta por el Estado ante fuertes acusaciones, además de las restricciones de viaje a raíz de la pandemia Covid-19.

Sin embargo, los investigadores consiguieron 274 entrevistas a distancia con víctimas, testigos, familiares, ex funcionarios estatales, abogados, representantes de organizaciones no gubernamentales y personal internacional para poder retratar la realidad de un gobierno autoritario, además de analizar una serie de documentos confidenciales sobre el país.

Crímenes de lesa humanidad

El informe publicado por el organismo internacional señala “patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado”, e incluye que nace de una conducta de carácter generalizado y sistemático que atenta contra la población civil. Los hechos documentados por la Misión fueron evaluados a la luz del derecho internacional de los DDHH y del derecho penal internacional, según son aplicables en Venezuela. 

Asimismo, La Misión también examinó las garantías de los derechos humanos en el Estado venezolano, así como los aspectos de la legislación nacional y las leyes orgánicas de las fuerzas de seguridad venezolanas; los cuales el Estado ha violentado al no cumplir ni respetar la Carta de las Naciones Unidas a la cual se ha suscrito. Entre esos números casos se encuentran ciudadanos comunes, personas con discapacidad, trabajadores tanto del sector público como privado -caso del líder sindical Rubén González, miembros de la oposición de la Asamblea Nacional, entre otros.

La Misión investigó 223 casos, de los cuales 48 se incluyen como estudios de casos exhaustivos en el informe de 443 páginas, además se examinaron otros 2.891 casos para corroborar los patrones de violaciones y crímenes en el país. La Misión constató que las autoridades estatales de alto nivel tenían y ejercían el poder con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia identificados en el informe como responsables de esas violaciones. 

El Ejecutivo Nacional bajo el mando de Nicolás Maduro y los Ministros de Interior y Defensa tenían conocimiento de los crímenes y, de igual manera dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los actos y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes.

La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad” dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión.

La Misión investigó 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales, y examinó 2.552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5.094 muertes por las fuerzas de seguridad. 

Observaciones al respecto

Humberto Prado, designado por el gobierno interino del país como comisionado de DDHH y atención a las víctimas, aseguró que esta actualización del informe de la ONU se ratifica las violaciones cometidas por el Estado anteriormente en Venezuela; asimismo, Rafael Uzcátegui, coordinador general de la ONG Provea, aseguró que la actualización es una ratificación de “que la magnitud de derechos humanos en Venezuela necesitan que todos los mecanismo internacionales de protección continúen activados”, publicó el medio la Voz de América.

La ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González, calificó de «preocupante» el informe de la misión de la ONU sobre Venezuela, debido a que muestra una serie de violaciones de Derechos Humanos después de que se quebró el orden democrático en el país. 

Entre las denuncias presentadas por Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, están las muertes de jóvenes en operativos de seguridad, los ataques contra defensores de derechos humanos, la estigmatización de los venezolanos que han retornado y los cambios implantados en o desde el Poder Electoral de cara a las elecciones parlamentarias convocadas para el 6 de diciembre del año en curso.

De igual forma, la Alta Comisionada aseguró que su equipo de investigación continuará documento la represión contra la protesta pacífica de muchos venezolanos durante el Estado de Alarma; las cuales se han desarrollado debido a los  cortes de luz, el desabastecimiento de combustible y gas, la sed de un país donde falla el 90% del servicio de agua, entre otros, señala el medio La Nación.

El informe ha puesto sobre la mesa el debate en torno a las elecciones parlamentarias convocadas en el país para el 6 de diciembre, en las cuales se habla de unos comicios plagados de irregularidades, sin garantías mínimas de equidad ni transparencia. El Grupo de Contacto Internacional (ICG) insistió en la necesidad de lograr una salida democrática y pacífica a la crisis en Venezuela.

Los ministros de Asuntos Exteriores del Grupo, a través de un comunicado que obtuvo el medio EVTV, rechazan la ejecución de elecciones hasta que estas puedan ser consideradas equitativas, ya que por el momento, «no se cumplen las condiciones para un proceso electoral transparente, inclusivo, libre y justo» en el país.

Por su parte, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, aseveró a través de un comunicado en su cuenta de Twitter que «es absurdo pensar que los criminales de lesa humanidad que reprimen y eliminan oposición y disidencia puedan organizar elecciones libres y justas».

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here